2 Enfermeras Desaparecieron del Turno en 1998—17 Años Después Sus Buscapersonas Emiten Señal

A las 2:47 de la madrugada del 14 de noviembre de 1998 en la ciudad de Guadalajara, el hospital civil Fray Antonio Alcalde dormía en penumbra bajo la luz mortesina de los fluorescentes del pasillo central. Los turnos nocturnos habían asumido ya su ritmo silencioso entre pacientes dormidos, máquinas monitorizando constantes vitales y pasos suaves que parecían no querer despertar al sufrimiento.
En la sala de enfermería del tercer piso, Gabriela Monserrat Ríos Álvarez, jefa del turno nocturno, revisaba por tercera vez los informes de cambio que Laura Beatriz Escamilla Padilla le había entregado antes de bajar a Rayos X. A esa hora, la mayoría de los jefes de servicio habían dejado el edificio. Solo quedaban médicos residentes, camilleros de guardia y el celador nocturno.
Roberto de Jesús Aldrete Gómez, cuya presencia en los pisos bajos era habitual, pero no del todo bien recibida por las enfermeras. Gabriela llevaba años en el hospital, reconocida por su profesionalismo y templanza. Laura, más joven, tenía apenas 6 meses en el turno nocturno y aún no lograba borrar la sombra de inquietud cada vez que coincidía con aldrete en los pasillos.
Semanas antes, ambas habían presentado una queja verbal por actitudes indebidas del celador, pero la administración desestimó el reporte por falta de pruebas. Esa noche, Laura bajó sola al área de rayos X a acompañar el traslado de un paciente. Gabriela, preocupada por la demora, tomó su buscapersonas y escribió un breve mensaje. No obtuvo respuesta.
Poco después, los monitores del tercer piso empezaron a mostrar señales irregulares. Un paciente en neurocirugía presentaba arritmia súbita y otro en traumatología activó el botón de emergencia. Gabriela dejó sus cosas, avisó por teléfono a un residente y bajó por el ascensor de servicio rumbo a rayos X. El pasillo estaba vacío.
Ni Laura ni el paciente aparecían registrados en los movimientos recientes. Una gota de sudor frío le recorrió la espalda. Caminó hasta el extremo del ala este, tocó la puerta del cuarto técnico y encontró la luz apagada. Giró de nuevo. Silencio. Una cámara de seguridad ubicada justo encima del acceso restringido al sótano, grabó por última vez a Gabriela a las 3:11 de la madrugada, bajando por la rampa de concreto sin compañía.
Su figura desapareció más allá del foco, envuelta en la penumbra densa del subnivel. Nunca más volvió a ser vista con vida. Al amanecer, la jefa de piso del siguiente turno se percató de la ausencia de ambas enfermeras y notificó a la dirección. Se iniciaron búsquedas internas, se verificaron los ingresos y egresos y se revisaron los archivos.
Nadie había registrado salidas. Ningún vehículo abandonó el estacionamiento esa madrugada. A las 8:1 de la mañana, un supervisor del área técnica informó que encontró dos buscapersonas sobre la mesa de enfermería. ambos descargados. La desaparición simultánea de dos empleadas dentro de un hospital público provocó un escándalo inicial.
Prensa local acudió al sitio. Se cerraron accesos. Se interrogó al personal. Sin embargo, en cuestión de días, las autoridades comenzaron a hablar de fuga voluntaria, posible escape sentimental o trama personal no esclarecida. Las familias de Gabriela y Laura negaron cualquier posibilidad de abandono. Mientras tanto, en un armario gris del sótano 2, sellado apenas un año después por inundaciones, dos objetos quedaban en silencio, conectados a sus bases de carga, sin energía, olvidados, cubiertos de polvo. Esperando, el caso fue noticia
deportada durante exactamente 3 días. Luego la rutina de otros titulares lo sepultó bajo capas de olvido administrativo y resignación pública. Los rostros de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatriz Escamilla Padilla, tan distintos en edad y trayectoria, fueron compartidos en notas breves de noticieros vespertinos y se colaron por unos días en los carteles de personas desaparecidas que cubrían las cercas exteriores del hospital.
Las familias presionaron. La dirección del hospital organizó un simulacro de búsqueda interna que se agotó en 48 horas. La investigación oficial encabezada por la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco, cerró el expediente preliminar en apenas seis semanas. No hubo signos de violencia, no se encontraron pertenencias fuera de lugar, no se detectaron movimientos bancarios posteriores ni llamadas desde sus teléfonos.
El informe concluyó que no había indicios suficientes de delito y que las mujeres pudieron haberse ausentado por decisión propia. El archivo fue sellado con tinta gris. El paso del tiempo se volvió una losa. Los padres de Laura, ya mayores, comenzaron a deteriorarse rápidamente. Su madre falleció en 2003 tras una larga depresión.
Gabriela tenía una hija de 9 años al momento de la desaparición. En 2004, esa niña testificó por última vez ante una defensora de derechos humanos. Mi mamá nunca se fue. Yo lo sé. Ella me prometió que volvería después del turno. Esa promesa sin cumplir se transformó en un vacío que ni el tiempo ni la lógica pudieron colmar.
Durante años, las teorías alternas se multiplicaron. Un médico internista fue interrogado brevemente por rumores de una relación extramarital con Laura. Una antigua paciente de salud mental del hospital escribió una carta delirante en la que afirmaba haber presenciado rituales nocturnos en el sótano. La carta fue archivada sin comentarios.

 

 

También hubo quienes insinuaron que ambas mujeres habían huído a otra ciudad motivadas por miedo o secretos personales. Ninguna línea prosperó. En el año 2009, una organización civil retomó el caso bajo la figura de desaparición forzada institucional, pero la iniciativa no obtuvo respaldo judicial.
Los nuevos responsables del hospital alegaron que no existía evidencia de negligencia estructural. En 2012, la FGE de Jalisco actualizó el estatus del caso a no resuelto y trasladó los archivos a una unidad de resguardo pasivo. Gabriela y Laura se convirtieron en nombres flotantes mencionados apenas en redes sociales en cada aniversario, recordadas con velas encendidas en escalinatas de mármol, entre llantos breves y cámaras de celulares.

 

 

El tiempo, en lugar de sanar, fue sedimentando capas de indiferencia institucional y dolor privado. Y en el corazón del hospital, sepultado por años de abandono, el sótano 2 permanecía clausurado, sellado con concreto tras una inundación menor ocurrida en 1999, el cuarto de equipos biomédicos nunca fue reabierto.
Su existencia misma se volvió un dato de archivo, un espacio fantasma en los planos arquitectónicos. Nadie lo reclamó, nadie lo pidió, nadie imaginó que contenía respuestas. Hasta que 17 años después, la memoria eléctrica de dos buscapersonas antiguos rompió de nuevo el silencio. La remodelación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde comenzó sin anuncios ni ceremonia.

 

 

A inicios de mayo de 2015, técnicos del área de infraestructura se desplegaron discretamente en los niveles subterráneos tras terminar la reestructuración de la planta alta, el objetivo era renovar el cableado antiguo y sanear espacios olvidados por más de una década. Fue así como el martes 19 de mayo, poco antes del mediodía, una cuadrilla descendió al sótano 2, guiada por planos empolvados que apenas distinguían el contorno de un cuarto señalado como almacén biomédico inactivo.
La puerta de lámina de bordes oxidados resistió el primer intento de apertura. Un supervisor pidió una radial. Cuando los discos de corte terminaron su trabajo, el eco del metal cediendo llenó todo el subnivel. El interior parecía una cápsula del tiempo. Olor denso a humedad atrapada, polvo adherido a cada superficie, etiquetas clínicas descoloridas por el paso de los años, cajas apiladas con máscaras rotas, tubos de plástico vencidos, documentos ya ilegibles por el MO.

 

 

Pero en medio del caos oxidado sobre una mesa metálica había dos dispositivos intactos. eran buscapersonas Motorola modelo advisor aún acoplados a sus bases de carga. Uno de los técnicos se acercó por curiosidad, como quien toca un objeto sagrado y reconectó la energía a la toma principal. Lo que sucedió después, nadie pudo haberlo anticipado. Ambos aparatos emitieron un sonido agudo, limpio, como si hubieran despertado de un coma profundo.
Las pantallas cobraron vida al instante. Un mensaje quedó congelado en una de ellas. El texto en letras de baja resolución decía, “Gabi, sube.” El celador volvió a entrar. Estoy sola en rayos X. La sala quedó en silencio. Nadie habló por varios segundos. El ingeniero responsable ordenó detener toda maniobra y solicitó una bitácora inmediata.

 

 

 

Las fotografías del hallazgo se enviaron primero a la dirección del hospital y luego por protocolo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Para entonces ya algunos trabajadores habían recordado lo que sus propios padres les contaron de jóvenes, que en ese hospital, muchos años antes, dos enfermeras desaparecieron sin dejar rastro.
La FGE respondió con rapidez inusual. Esa misma tarde, un equipo de peritos en criminalística se presentó en el sótano. Analizaron los buscapersonas, preservaron sus carcasas bajo condiciones de aislamiento, extrajeron los datos de memoria interna y verificaron que el mensaje era auténtico. fechado exactamente a las 3:09 minutos de la madrugada del 14 de noviembre de 1998.

 

 

La señal nunca había sido transmitida porque los dispositivos quedaron sin corriente. Aquella llamada de auxilio jamás llegó a destino. En las horas siguientes comenzaron a aparecer datos, voces y recuerdos. El nombre de Gabriela Monserrat, Ríos Álvarez, jefa del turno nocturno, regresó como una herida aún abierta.
El de Laura Beatriz Escamilla Padilla, auxiliar de enfermería, fue evocado con una mezcla de cariño y rabia. La noticia del hallazgo se filtró a la prensa digital el día 20 por la mañana. El titular era breve. Caso reabierto. Dispositivos antiguos emiten mensaje de enfermera desaparecida. En redes sociales el caso se volvió viral.

 

 

Miles de usuarios compartieron la historia. Se publicaron fotografías antiguas de Gabriela con su hija, de Laura con su grupo de trabajo. Una cadena de oración comenzó a circular en Facebook. La hija de Gabriela, ahora una mujer de 26 años, escribió en su perfil personal una frase que estremeció al país. “Mi mamá no se fue”, gritó, pero nadie la escuchó.
Al día siguiente, el área del sótano fue sellada por completo. Las cámaras de televisión aguardaban afuera. Dentro, el equipo forense encontraba otras pistas, guantes quirúrgicos secos, cintas de embalaje con cabello humano adherido, una lámpara industrial con la cúpula rota, parcialmente cubierta por una caja metálica caída.

 

 

Bajo la lámpara, una muestra seca de sangre humana fue levantada con extremo cuidado. Las pruebas de luminol marcaron varias zonas con presencia de hemoglobina, especialmente en los ductos de ventilación. Fue entonces cuando un técnico de mantenimiento asignado al ala de ginecología, notó una vibración extraña en una loseta metálica del plafón.
A pesar de que el ala llevaba desocupada desde 2010, se solicitó una revisión inmediata. Tras desmontar una sección de cielo falso, se descubrió un compartimiento oculto. Dentro, en posición fetal, se hallaron fragmentos óseos humanos parcialmente cubiertos con una manta quirúrgica antigua. Había dos identificaciones clínicas con nombres legibles, Gabriela Ríos Álvarez y Laura Escamilla Padilla.

 

 

También un reloj con la inscripción para Gabi, abril del 98 y una lámpara de revisión médica con manchas pardas visibles. El impacto mediático fue inmediato. Las familias fueron llamadas en privado. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses recibió las muestras óseas para análisis comparativo de ADN. En paralelo, un fiscal especializado comenzó a revisar los expedientes internos del hospital de 1998.
Allí encontró dos documentos nunca incorporados al caso original, reportes de acoso laboral firmados por ambas mujeres dirigidos a la administración del turno nocturno. Ambos documentos mencionaban al mismo nombre, Roberto de Jesús Aldrete Gómez. A partir de ese momento, la reconstrucción se volvió frenética.

 

 

Se pidió a exempleados declarar. Una exenfermera jubilada recordó que Gabriela solía quedarse más tiempo del requerido en los cambios de turno, preocupada por la seguridad de Laura. Otra declaró que había visto al celador Roberto discutir violentamente con ambas mujeres semanas antes de su desaparición. Uno de los médicos residentes de la época, ahora complaza en otro estado, confesó haber escuchado rumores, pero haber callado por miedo a represalias.

 

 

La pieza final llegó cuando un camillero retirado, José Ignacio Barragán, presentó una carta manuscrita fechada en 2016. En ella confesaba que la noche del 13 al 14 de noviembre había visto a Roberto ingresar al sótano con una lámpara portátil y guantes quirúrgicos. Dijo haber sentido miedo y no haber dicho nada durante años.
En su carta escribió una sola frase como explicación. A veces el silencio pesa más que la culpa. Con ese testimonio y la evidencia forense acumulada, la FGE solicitó una orden de apreción contra Roberto de Jesús Aldrete Gómez, localizado en León, Guanajuato, donde trabajaba como chóer privado desde hacía varios años.
La detención ocurrió en la madrugada del 24 de febrero de 2016. El país entero se detuvo. El caso volvía a respirar. Roberto de Jesús Aldrete Gómez fue arrestado en silencio como si supiera que el tiempo había agotado sus escondites. Eran las 5:23 de la madrugada del 24 de febrero de 2016, cuando dos agentes encubiertos de la Fiscalía General del Estado interceptaron su vehículo en una gasolinera en las afueras de León, Guanajuato.

 

 

Llevaba una camisa blanca desabotonada hasta el pecho, el rostro pálido y las manos aún manchadas de grasa por su trabajo como chóer particular. Cuando escuchó su nombre completo, no preguntó por qué. bajó la cabeza, extendió los brazos y dijo una única palabra, “Ya.” Los vecinos del fraccionamiento donde vivía lo describieron como un hombre solitario, reservado, sin familia cercana ni visitas frecuentes.
Nunca imaginaron que el celador que servía café en las reuniones vecinales había sido el eje de una desaparición que paralizó a un hospital entero casi dos décadas atrás. En su departamento, los peritos hallaron documentos antiguos del Hospital Civil Fray Antonio alcalde, un estuche de gafete plastificado fechado en 1998 y en el fondo de una caja de herramientas, recortes de periódicos amarillentos con titulares sobre personas desaparecidas.
La acusación formal fue presentada el 5 de marzo. Doble feminicidio agravado, ocultamiento de cadáveres, abuso de poder y obstrucción de la justicia. La defensa solicitó una valoración psiquiátrica inmediata. Argumentaban que Roberto sufría de un cuadro degenerativo de disociación mental con episodios de desconexión de la realidad, pero los fiscales tenían en sus manos un expediente impenetrable.
ADN coincidente en muestras sanguíneas extraídas del plafón de ginecología, rastros dactilares en el compartimento donde se hallaron los buscapersonas, huellas parciales en la base de una lámpara industrial y sobre todo la declaración jurada del antiguo camillero José Ignacio Barragán. El juicio inició el 7 de noviembre de 2016.
La sala número tres del Palacio de Justicia se llenó desde el primer día. Había familiares de ambas enfermeras, estudiantes de medicina, personal de enfermería jubilado, periodistas nacionales y activistas por los derechos de las mujeres. Las primeras sesiones estuvieron marcadas por un silencio respetuoso. No se alzaron pancartas, ni hubo gritos, solo miradas fijas, muchas lágrimas y una expectativa densa.
El fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica. narró la reconstrucción minuto a minuto de la noche del 14 de noviembre de 1998. El ingreso de Laura al área de rayos X. El último mensaje enviado desde su buscapersonas, la posterior desaparición de Gabriela al descender por la rampa del sótano 2 y la reconstrucción digital del mensaje que nunca llegó a destino, expuso como los dispositivos Motorola Advisor almacenaron el mensaje sin transmitirlo debido a la interrupción del suministro eléctrico y como 17 años después una chispa eléctrica reanimó
aquella súplica sellada en el tiempo. mostró fotografías del sótano recuperado, de los objetos hallados en el plafón, del reloj con el grabado para Gabi, abril del 98, de las credenciales clínicas de ambas enfermeras y de la manta quirúrgica envejecida que envolvía restos óseos humanos. Cada imagen proyectada era una herida, cada evidencia una fractura más en el silencio acumulado.
La defensa acorralada apenas pudo articular su estrategia. presentaron informes clínicos que señalaban a Roberto como un hombre con historial de internamientos breves por episodios psicóticos, aunque ninguno registrado antes del 2004. Insinuaron que el paso del tiempo había contaminado las pruebas, que los recuerdos de los testigos eran frágiles, que el juicio era más emocional que jurídico.
Pero entonces, declararon los antiguos empleados. Una enfermera retirada confesó que Laura le había contado días antes de desaparecer que el celador la seguía por los pasillos, que susurros incómodos la perseguían en cada guardia. Otra jefa de piso reveló que Gabriela había intentado subir por escrito una denuncia formal, pero que el coordinador administrativo la persuadió de no hacerlo para no perjudicar la imagen del hospital.
El momento más conmovedor del juicio llegó cuando la hija de Gabriela, ahora de 26 años, subió al estrado. Su voz tembló al principio, luego se volvió firme. Mi madre no se fue. Mi madre fue silenciada. Mi madre se quedó ahí abajo esperando que alguien creyera lo que escribió. Durante una audiencia clave, los peritos reprodujeron el pitido original de activación de los buscapersonas.
El sonido, corto y agudo, se escuchó por los altavoces de la sala. Fue como si el pasado interrumpiera el presente con una bofetada sonora. Varios presentes lloraron en silencio. Uno de los abogados pidió un receso. El juez no lo concedió. El juicio se prolongó por más de tres meses.
Cada semana se revelaban nuevas omisiones del hospital, registros de llaves maestras que desaparecieron, cámaras de seguridad que nunca se entregaron, reportes sin firma, testigos ignorados. Fue una autopsia institucional. La defensa no presentó a Roberto como testigo, nunca habló. Su rostro se mantuvo inexpresivo, como si su mente estuviera atrapada en un pasillo sin salida.
El veredicto llegó el 4 de abril de 2017. Roberto de Jesús Aldrete Gómez fue declarado culpable de ambos cargos de feminicidio agravado. El juez leyó la sentencia completa en voz firme, 92 años de prisión sin posibilidad de reducción, y añadió una frase que se convertiría en titular nacional. La impunidad de los años no borra el horror.
La justicia llegó tarde, pero no muda. La sala se mantuvo en pie. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo lágrimas, manos entrelazadas, abrazos silenciosos. La repercusión fue inmediata. El Congreso de Jalisco propuso una reforma urgente para proteger legalmente al personal de salud en turnos nocturnos. La iniciativa fue aprobada en julio de 2018 y bautizada como Ley Gabriela y Laura.
La nueva normativa estableció botones de pánico en todas las estaciones de enfermería, vigilancia continua en sótanos y protocolos obligatorios ante denuncias internas. El 16 de agosto de ese mismo año, el hospital civil Fray Antonio Alcalde inauguró una placa conmemorativa en la entrada del ala de enfermería. La ceremonia fue sencilla, sin prensa, por solicitud de las familias.
En la placa sobre mármol negro se leía, en memoria de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatriz Escamilla Padilla, porque cuidaron la vida hasta que les fue arrebatada, porque su voz silenciada abrió caminos de justicia. Durante la ceremonia, la hija de Gabriela colocó una vela encendida a los pies de la placa.
llevaba el reloj de su madre en la muñeca izquierda. Cuando lo activó, el tic tac quedó suspendido en el aire como un corazón que al fin había vuelto a latir. Con el juicio concluido y las placas colocadas, el caso de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatrices Camilla Padilla pareció encontrar al fin su forma definitiva en la memoria colectiva.
Pero como ocurre con las heridas que nunca cierran del todo, el eco de su historia siguió latiendo en los pasillos del hospital. en los archivos digitales de periodistas locales, en los foros de estudiantes de medicina y en las oraciones de las familias que jamás aceptaron el olvido como respuesta. Cada 14 de noviembre, sin convocatorias públicas ni notas de prensa, un pequeño grupo de enfermeras jóvenes coloca flores blancas junto a la placa conmemorativa.
Algunas lo hacen en silencio, otras murmuran oraciones y muchas no conocieron personalmente a Gabriela ni a Laura, pero todas han escuchado la historia, la cuentan como advertencia, como legado, como promesa. La hija de Gabriela terminó la carrera de derecho. En una entrevista otorgada años después, dijo con voz serena que la justicia no devuelve lo perdido, pero le arrebata el poder al silencio.
Su testimonio reproducido en redes sociales fue compartido por miles de mujeres que vieron en ella el rostro de quienes nunca pudieron hablar. En el año 2020, un documental independiente titulado El turno que nunca terminó recogió el caso completo. Con testimonios, imágenes inéditas y una reconstrucción precisa del juicio, la cinta fue proyectada en universidades y festivales de derechos humanos.
La escena final muestra el encendido de los buscapersonas, ese sonido mínimo, casi banal, que durante años no fue escuchado. Y sin embargo, lo más poderoso del caso no fue la condena, ni siquiera la reforma de ley. Fue la forma en que un mensaje no entregado, atrapado por el tiempo, logró atravesar la indiferencia.
Fue la persistencia de una verdad silenciosa que, aún sin palabras, reclamó su sitio entre los vivos. La memoria de Gabriela y Laura ya no depende de expedientes ni de sentencias. vive en cada hospital donde se protege una enfermera, en cada guardia nocturna en la que alguien pregunta si el sótano está cerrado, en cada estudiante que se niega a guardar silencio, porque al final, cuando todo se apaga, lo único que permanece es la verdad que alguien tuvo el valor de escribir y que otro, décadas después tuvo el valor de leer.

 

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A las 2:47 de la madrugada del 14 de noviembre de 1998 en la ciudad de Guadalajara, el hospital civil Fray Antonio Alcalde dormía en penumbra bajo la luz mortesina de los fluorescentes del pasillo central. Los turnos nocturnos habían asumido ya su ritmo silencioso entre pacientes dormidos, máquinas monitorizando constantes vitales y pasos suaves que parecían no querer despertar al sufrimiento.
En la sala de enfermería del tercer piso, Gabriela Monserrat Ríos Álvarez, jefa del turno nocturno, revisaba por tercera vez los informes de cambio que Laura Beatriz Escamilla Padilla le había entregado antes de bajar a Rayos X. A esa hora, la mayoría de los jefes de servicio habían dejado el edificio. Solo quedaban médicos residentes, camilleros de guardia y el celador nocturno.
Roberto de Jesús Aldrete Gómez, cuya presencia en los pisos bajos era habitual, pero no del todo bien recibida por las enfermeras. Gabriela llevaba años en el hospital, reconocida por su profesionalismo y templanza. Laura, más joven, tenía apenas 6 meses en el turno nocturno y aún no lograba borrar la sombra de inquietud cada vez que coincidía con aldrete en los pasillos.
Semanas antes, ambas habían presentado una queja verbal por actitudes indebidas del celador, pero la administración desestimó el reporte por falta de pruebas. Esa noche, Laura bajó sola al área de rayos X a acompañar el traslado de un paciente. Gabriela, preocupada por la demora, tomó su buscapersonas y escribió un breve mensaje. No obtuvo respuesta.
Poco después, los monitores del tercer piso empezaron a mostrar señales irregulares. Un paciente en neurocirugía presentaba arritmia súbita y otro en traumatología activó el botón de emergencia. Gabriela dejó sus cosas, avisó por teléfono a un residente y bajó por el ascensor de servicio rumbo a rayos X. El pasillo estaba vacío.
Ni Laura ni el paciente aparecían registrados en los movimientos recientes. Una gota de sudor frío le recorrió la espalda. Caminó hasta el extremo del ala este, tocó la puerta del cuarto técnico y encontró la luz apagada. Giró de nuevo. Silencio. Una cámara de seguridad ubicada justo encima del acceso restringido al sótano, grabó por última vez a Gabriela a las 3:11 de la madrugada, bajando por la rampa de concreto sin compañía.
Su figura desapareció más allá del foco, envuelta en la penumbra densa del subnivel. Nunca más volvió a ser vista con vida. Al amanecer, la jefa de piso del siguiente turno se percató de la ausencia de ambas enfermeras y notificó a la dirección. Se iniciaron búsquedas internas, se verificaron los ingresos y egresos y se revisaron los archivos.
Nadie había registrado salidas. Ningún vehículo abandonó el estacionamiento esa madrugada. A las 8:1 de la mañana, un supervisor del área técnica informó que encontró dos buscapersonas sobre la mesa de enfermería. ambos descargados. La desaparición simultánea de dos empleadas dentro de un hospital público provocó un escándalo inicial.
Prensa local acudió al sitio. Se cerraron accesos. Se interrogó al personal. Sin embargo, en cuestión de días, las autoridades comenzaron a hablar de fuga voluntaria, posible escape sentimental o trama personal no esclarecida. Las familias de Gabriela y Laura negaron cualquier posibilidad de abandono. Mientras tanto, en un armario gris del sótano 2, sellado apenas un año después por inundaciones, dos objetos quedaban en silencio, conectados a sus bases de carga, sin energía, olvidados, cubiertos de polvo. Esperando, el caso fue noticia
deportada durante exactamente 3 días. Luego la rutina de otros titulares lo sepultó bajo capas de olvido administrativo y resignación pública. Los rostros de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatriz Escamilla Padilla, tan distintos en edad y trayectoria, fueron compartidos en notas breves de noticieros vespertinos y se colaron por unos días en los carteles de personas desaparecidas que cubrían las cercas exteriores del hospital.
Las familias presionaron. La dirección del hospital organizó un simulacro de búsqueda interna que se agotó en 48 horas. La investigación oficial encabezada por la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco, cerró el expediente preliminar en apenas seis semanas. No hubo signos de violencia, no se encontraron pertenencias fuera de lugar, no se detectaron movimientos bancarios posteriores ni llamadas desde sus teléfonos.
El informe concluyó que no había indicios suficientes de delito y que las mujeres pudieron haberse ausentado por decisión propia. El archivo fue sellado con tinta gris. El paso del tiempo se volvió una losa. Los padres de Laura, ya mayores, comenzaron a deteriorarse rápidamente. Su madre falleció en 2003 tras una larga depresión.
Gabriela tenía una hija de 9 años al momento de la desaparición. En 2004, esa niña testificó por última vez ante una defensora de derechos humanos. Mi mamá nunca se fue. Yo lo sé. Ella me prometió que volvería después del turno. Esa promesa sin cumplir se transformó en un vacío que ni el tiempo ni la lógica pudieron colmar.
Durante años, las teorías alternas se multiplicaron. Un médico internista fue interrogado brevemente por rumores de una relación extramarital con Laura. Una antigua paciente de salud mental del hospital escribió una carta delirante en la que afirmaba haber presenciado rituales nocturnos en el sótano. La carta fue archivada sin comentarios.

 

 

También hubo quienes insinuaron que ambas mujeres habían huído a otra ciudad motivadas por miedo o secretos personales. Ninguna línea prosperó. En el año 2009, una organización civil retomó el caso bajo la figura de desaparición forzada institucional, pero la iniciativa no obtuvo respaldo judicial.
Los nuevos responsables del hospital alegaron que no existía evidencia de negligencia estructural. En 2012, la FGE de Jalisco actualizó el estatus del caso a no resuelto y trasladó los archivos a una unidad de resguardo pasivo. Gabriela y Laura se convirtieron en nombres flotantes mencionados apenas en redes sociales en cada aniversario, recordadas con velas encendidas en escalinatas de mármol, entre llantos breves y cámaras de celulares.

 

 

El tiempo, en lugar de sanar, fue sedimentando capas de indiferencia institucional y dolor privado. Y en el corazón del hospital, sepultado por años de abandono, el sótano 2 permanecía clausurado, sellado con concreto tras una inundación menor ocurrida en 1999, el cuarto de equipos biomédicos nunca fue reabierto.
Su existencia misma se volvió un dato de archivo, un espacio fantasma en los planos arquitectónicos. Nadie lo reclamó, nadie lo pidió, nadie imaginó que contenía respuestas. Hasta que 17 años después, la memoria eléctrica de dos buscapersonas antiguos rompió de nuevo el silencio. La remodelación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde comenzó sin anuncios ni ceremonia.

 

 

A inicios de mayo de 2015, técnicos del área de infraestructura se desplegaron discretamente en los niveles subterráneos tras terminar la reestructuración de la planta alta, el objetivo era renovar el cableado antiguo y sanear espacios olvidados por más de una década. Fue así como el martes 19 de mayo, poco antes del mediodía, una cuadrilla descendió al sótano 2, guiada por planos empolvados que apenas distinguían el contorno de un cuarto señalado como almacén biomédico inactivo.
La puerta de lámina de bordes oxidados resistió el primer intento de apertura. Un supervisor pidió una radial. Cuando los discos de corte terminaron su trabajo, el eco del metal cediendo llenó todo el subnivel. El interior parecía una cápsula del tiempo. Olor denso a humedad atrapada, polvo adherido a cada superficie, etiquetas clínicas descoloridas por el paso de los años, cajas apiladas con máscaras rotas, tubos de plástico vencidos, documentos ya ilegibles por el MO.

 

 

Pero en medio del caos oxidado sobre una mesa metálica había dos dispositivos intactos. eran buscapersonas Motorola modelo advisor aún acoplados a sus bases de carga. Uno de los técnicos se acercó por curiosidad, como quien toca un objeto sagrado y reconectó la energía a la toma principal. Lo que sucedió después, nadie pudo haberlo anticipado. Ambos aparatos emitieron un sonido agudo, limpio, como si hubieran despertado de un coma profundo.
Las pantallas cobraron vida al instante. Un mensaje quedó congelado en una de ellas. El texto en letras de baja resolución decía, “Gabi, sube.” El celador volvió a entrar. Estoy sola en rayos X. La sala quedó en silencio. Nadie habló por varios segundos. El ingeniero responsable ordenó detener toda maniobra y solicitó una bitácora inmediata.

 

 

 

Las fotografías del hallazgo se enviaron primero a la dirección del hospital y luego por protocolo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Para entonces ya algunos trabajadores habían recordado lo que sus propios padres les contaron de jóvenes, que en ese hospital, muchos años antes, dos enfermeras desaparecieron sin dejar rastro.
La FGE respondió con rapidez inusual. Esa misma tarde, un equipo de peritos en criminalística se presentó en el sótano. Analizaron los buscapersonas, preservaron sus carcasas bajo condiciones de aislamiento, extrajeron los datos de memoria interna y verificaron que el mensaje era auténtico. fechado exactamente a las 3:09 minutos de la madrugada del 14 de noviembre de 1998.

 

 

La señal nunca había sido transmitida porque los dispositivos quedaron sin corriente. Aquella llamada de auxilio jamás llegó a destino. En las horas siguientes comenzaron a aparecer datos, voces y recuerdos. El nombre de Gabriela Monserrat, Ríos Álvarez, jefa del turno nocturno, regresó como una herida aún abierta.
El de Laura Beatriz Escamilla Padilla, auxiliar de enfermería, fue evocado con una mezcla de cariño y rabia. La noticia del hallazgo se filtró a la prensa digital el día 20 por la mañana. El titular era breve. Caso reabierto. Dispositivos antiguos emiten mensaje de enfermera desaparecida. En redes sociales el caso se volvió viral.

 

 

Miles de usuarios compartieron la historia. Se publicaron fotografías antiguas de Gabriela con su hija, de Laura con su grupo de trabajo. Una cadena de oración comenzó a circular en Facebook. La hija de Gabriela, ahora una mujer de 26 años, escribió en su perfil personal una frase que estremeció al país. “Mi mamá no se fue”, gritó, pero nadie la escuchó.
Al día siguiente, el área del sótano fue sellada por completo. Las cámaras de televisión aguardaban afuera. Dentro, el equipo forense encontraba otras pistas, guantes quirúrgicos secos, cintas de embalaje con cabello humano adherido, una lámpara industrial con la cúpula rota, parcialmente cubierta por una caja metálica caída.

 

 

Bajo la lámpara, una muestra seca de sangre humana fue levantada con extremo cuidado. Las pruebas de luminol marcaron varias zonas con presencia de hemoglobina, especialmente en los ductos de ventilación. Fue entonces cuando un técnico de mantenimiento asignado al ala de ginecología, notó una vibración extraña en una loseta metálica del plafón.
A pesar de que el ala llevaba desocupada desde 2010, se solicitó una revisión inmediata. Tras desmontar una sección de cielo falso, se descubrió un compartimiento oculto. Dentro, en posición fetal, se hallaron fragmentos óseos humanos parcialmente cubiertos con una manta quirúrgica antigua. Había dos identificaciones clínicas con nombres legibles, Gabriela Ríos Álvarez y Laura Escamilla Padilla.

 

 

También un reloj con la inscripción para Gabi, abril del 98 y una lámpara de revisión médica con manchas pardas visibles. El impacto mediático fue inmediato. Las familias fueron llamadas en privado. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses recibió las muestras óseas para análisis comparativo de ADN. En paralelo, un fiscal especializado comenzó a revisar los expedientes internos del hospital de 1998.
Allí encontró dos documentos nunca incorporados al caso original, reportes de acoso laboral firmados por ambas mujeres dirigidos a la administración del turno nocturno. Ambos documentos mencionaban al mismo nombre, Roberto de Jesús Aldrete Gómez. A partir de ese momento, la reconstrucción se volvió frenética.

 

 

Se pidió a exempleados declarar. Una exenfermera jubilada recordó que Gabriela solía quedarse más tiempo del requerido en los cambios de turno, preocupada por la seguridad de Laura. Otra declaró que había visto al celador Roberto discutir violentamente con ambas mujeres semanas antes de su desaparición. Uno de los médicos residentes de la época, ahora complaza en otro estado, confesó haber escuchado rumores, pero haber callado por miedo a represalias.

 

 

La pieza final llegó cuando un camillero retirado, José Ignacio Barragán, presentó una carta manuscrita fechada en 2016. En ella confesaba que la noche del 13 al 14 de noviembre había visto a Roberto ingresar al sótano con una lámpara portátil y guantes quirúrgicos. Dijo haber sentido miedo y no haber dicho nada durante años.
En su carta escribió una sola frase como explicación. A veces el silencio pesa más que la culpa. Con ese testimonio y la evidencia forense acumulada, la FGE solicitó una orden de apreción contra Roberto de Jesús Aldrete Gómez, localizado en León, Guanajuato, donde trabajaba como chóer privado desde hacía varios años.
La detención ocurrió en la madrugada del 24 de febrero de 2016. El país entero se detuvo. El caso volvía a respirar. Roberto de Jesús Aldrete Gómez fue arrestado en silencio como si supiera que el tiempo había agotado sus escondites. Eran las 5:23 de la madrugada del 24 de febrero de 2016, cuando dos agentes encubiertos de la Fiscalía General del Estado interceptaron su vehículo en una gasolinera en las afueras de León, Guanajuato.

 

 

Llevaba una camisa blanca desabotonada hasta el pecho, el rostro pálido y las manos aún manchadas de grasa por su trabajo como chóer particular. Cuando escuchó su nombre completo, no preguntó por qué. bajó la cabeza, extendió los brazos y dijo una única palabra, “Ya.” Los vecinos del fraccionamiento donde vivía lo describieron como un hombre solitario, reservado, sin familia cercana ni visitas frecuentes.
Nunca imaginaron que el celador que servía café en las reuniones vecinales había sido el eje de una desaparición que paralizó a un hospital entero casi dos décadas atrás. En su departamento, los peritos hallaron documentos antiguos del Hospital Civil Fray Antonio alcalde, un estuche de gafete plastificado fechado en 1998 y en el fondo de una caja de herramientas, recortes de periódicos amarillentos con titulares sobre personas desaparecidas.
La acusación formal fue presentada el 5 de marzo. Doble feminicidio agravado, ocultamiento de cadáveres, abuso de poder y obstrucción de la justicia. La defensa solicitó una valoración psiquiátrica inmediata. Argumentaban que Roberto sufría de un cuadro degenerativo de disociación mental con episodios de desconexión de la realidad, pero los fiscales tenían en sus manos un expediente impenetrable.
ADN coincidente en muestras sanguíneas extraídas del plafón de ginecología, rastros dactilares en el compartimento donde se hallaron los buscapersonas, huellas parciales en la base de una lámpara industrial y sobre todo la declaración jurada del antiguo camillero José Ignacio Barragán. El juicio inició el 7 de noviembre de 2016.
La sala número tres del Palacio de Justicia se llenó desde el primer día. Había familiares de ambas enfermeras, estudiantes de medicina, personal de enfermería jubilado, periodistas nacionales y activistas por los derechos de las mujeres. Las primeras sesiones estuvieron marcadas por un silencio respetuoso. No se alzaron pancartas, ni hubo gritos, solo miradas fijas, muchas lágrimas y una expectativa densa.
El fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica. narró la reconstrucción minuto a minuto de la noche del 14 de noviembre de 1998. El ingreso de Laura al área de rayos X. El último mensaje enviado desde su buscapersonas, la posterior desaparición de Gabriela al descender por la rampa del sótano 2 y la reconstrucción digital del mensaje que nunca llegó a destino, expuso como los dispositivos Motorola Advisor almacenaron el mensaje sin transmitirlo debido a la interrupción del suministro eléctrico y como 17 años después una chispa eléctrica reanimó
aquella súplica sellada en el tiempo. mostró fotografías del sótano recuperado, de los objetos hallados en el plafón, del reloj con el grabado para Gabi, abril del 98, de las credenciales clínicas de ambas enfermeras y de la manta quirúrgica envejecida que envolvía restos óseos humanos. Cada imagen proyectada era una herida, cada evidencia una fractura más en el silencio acumulado.
La defensa acorralada apenas pudo articular su estrategia. presentaron informes clínicos que señalaban a Roberto como un hombre con historial de internamientos breves por episodios psicóticos, aunque ninguno registrado antes del 2004. Insinuaron que el paso del tiempo había contaminado las pruebas, que los recuerdos de los testigos eran frágiles, que el juicio era más emocional que jurídico.
Pero entonces, declararon los antiguos empleados. Una enfermera retirada confesó que Laura le había contado días antes de desaparecer que el celador la seguía por los pasillos, que susurros incómodos la perseguían en cada guardia. Otra jefa de piso reveló que Gabriela había intentado subir por escrito una denuncia formal, pero que el coordinador administrativo la persuadió de no hacerlo para no perjudicar la imagen del hospital.
El momento más conmovedor del juicio llegó cuando la hija de Gabriela, ahora de 26 años, subió al estrado. Su voz tembló al principio, luego se volvió firme. Mi madre no se fue. Mi madre fue silenciada. Mi madre se quedó ahí abajo esperando que alguien creyera lo que escribió. Durante una audiencia clave, los peritos reprodujeron el pitido original de activación de los buscapersonas.
El sonido, corto y agudo, se escuchó por los altavoces de la sala. Fue como si el pasado interrumpiera el presente con una bofetada sonora. Varios presentes lloraron en silencio. Uno de los abogados pidió un receso. El juez no lo concedió. El juicio se prolongó por más de tres meses.
Cada semana se revelaban nuevas omisiones del hospital, registros de llaves maestras que desaparecieron, cámaras de seguridad que nunca se entregaron, reportes sin firma, testigos ignorados. Fue una autopsia institucional. La defensa no presentó a Roberto como testigo, nunca habló. Su rostro se mantuvo inexpresivo, como si su mente estuviera atrapada en un pasillo sin salida.
El veredicto llegó el 4 de abril de 2017. Roberto de Jesús Aldrete Gómez fue declarado culpable de ambos cargos de feminicidio agravado. El juez leyó la sentencia completa en voz firme, 92 años de prisión sin posibilidad de reducción, y añadió una frase que se convertiría en titular nacional. La impunidad de los años no borra el horror.
La justicia llegó tarde, pero no muda. La sala se mantuvo en pie. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo lágrimas, manos entrelazadas, abrazos silenciosos. La repercusión fue inmediata. El Congreso de Jalisco propuso una reforma urgente para proteger legalmente al personal de salud en turnos nocturnos. La iniciativa fue aprobada en julio de 2018 y bautizada como Ley Gabriela y Laura.
La nueva normativa estableció botones de pánico en todas las estaciones de enfermería, vigilancia continua en sótanos y protocolos obligatorios ante denuncias internas. El 16 de agosto de ese mismo año, el hospital civil Fray Antonio Alcalde inauguró una placa conmemorativa en la entrada del ala de enfermería. La ceremonia fue sencilla, sin prensa, por solicitud de las familias.
En la placa sobre mármol negro se leía, en memoria de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatriz Escamilla Padilla, porque cuidaron la vida hasta que les fue arrebatada, porque su voz silenciada abrió caminos de justicia. Durante la ceremonia, la hija de Gabriela colocó una vela encendida a los pies de la placa.
llevaba el reloj de su madre en la muñeca izquierda. Cuando lo activó, el tic tac quedó suspendido en el aire como un corazón que al fin había vuelto a latir. Con el juicio concluido y las placas colocadas, el caso de Gabriela Monserrat Ríos Álvarez y Laura Beatrices Camilla Padilla pareció encontrar al fin su forma definitiva en la memoria colectiva.
Pero como ocurre con las heridas que nunca cierran del todo, el eco de su historia siguió latiendo en los pasillos del hospital. en los archivos digitales de periodistas locales, en los foros de estudiantes de medicina y en las oraciones de las familias que jamás aceptaron el olvido como respuesta. Cada 14 de noviembre, sin convocatorias públicas ni notas de prensa, un pequeño grupo de enfermeras jóvenes coloca flores blancas junto a la placa conmemorativa.
Algunas lo hacen en silencio, otras murmuran oraciones y muchas no conocieron personalmente a Gabriela ni a Laura, pero todas han escuchado la historia, la cuentan como advertencia, como legado, como promesa. La hija de Gabriela terminó la carrera de derecho. En una entrevista otorgada años después, dijo con voz serena que la justicia no devuelve lo perdido, pero le arrebata el poder al silencio.
Su testimonio reproducido en redes sociales fue compartido por miles de mujeres que vieron en ella el rostro de quienes nunca pudieron hablar. En el año 2020, un documental independiente titulado El turno que nunca terminó recogió el caso completo. Con testimonios, imágenes inéditas y una reconstrucción precisa del juicio, la cinta fue proyectada en universidades y festivales de derechos humanos.
La escena final muestra el encendido de los buscapersonas, ese sonido mínimo, casi banal, que durante años no fue escuchado. Y sin embargo, lo más poderoso del caso no fue la condena, ni siquiera la reforma de ley. Fue la forma en que un mensaje no entregado, atrapado por el tiempo, logró atravesar la indiferencia.
Fue la persistencia de una verdad silenciosa que, aún sin palabras, reclamó su sitio entre los vivos. La memoria de Gabriela y Laura ya no depende de expedientes ni de sentencias. vive en cada hospital donde se protege una enfermera, en cada guardia nocturna en la que alguien pregunta si el sótano está cerrado, en cada estudiante que se niega a guardar silencio, porque al final, cuando todo se apaga, lo único que permanece es la verdad que alguien tuvo el valor de escribir y que otro, décadas después tuvo el valor de leer.